TASA MUNICIPAL. EL TRIBUNAL DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL EL INCREMENTO DEL 300% DE LA TASA MUNICIPAL

TASAS MUNICIPALES. TASA DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA TASA FIJA. PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA ANTE UN INCREMENTO ANUAL DEL 300%

PARTE/S: Construcciones El Bolsón SRL s/acción de inconstitucionalidad
(OM 6/2016, arts. 7, 18 y 21)
TRIBUNAL: Sup. Trib. Just. Río Negro
FECHA: 28/08/2017
JURISDICCIÓN Río Negro

VIEDMA, 28 de agosto de 2017.-
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: CONSTRUCCIONES EL BOLSON S.R.L. S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (ORD. MUNICIPAL N° 6/2016 ARTS. 7, 18 Y 21)\" (Expte. Nº 28436/16-STJ-), puestas a despacho para resolver, y:

CONSIDERANDO:


El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO, dijo: ANTECEDENTES DE LA CAUSA A fs. 33/42 y vta. el Sr. Gerardo Pablo Failde, en su carácter de Gerente de Construcciones El Bolsón SRL”, con el patrocinio letrado del Dr. Hugo Rubén Cancino, interpone Acción de Inconstitucionalidad (art. 793 y sgtes. del CPCC) contra los artículos 7, 18 y 21 de la Ordenanza Nº 06/2016 de la Municipalidad de El Bolsón, que establecen incrementos en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene que percibe dicho municipio, tomando como base imponible el tipo de actividad y la zona de ubicación del inmueble del contribuyente, considerándo a aquellos como lesivos a los principios tributarios de legalidad, igualdad, equidad y de no confiscatoriedad. Alega la actora que la normativa impugnada a su vez vulnera los principios de ejercer una industria o actividad lícita, proporcionalidad y potestad tributaria y la garantía del debido proceso, todos consagrados en la Constitución Nacional, infringiéndose además el artículo 230 inciso 4º de la Constitución Provincial y lo establecido por el artículo 157 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de El Bolsón. Solicita la nulidad de la Ordenanza Nº 06/2016 en tanto -a su entender- el aumento injustificado de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene afecta el normal desarrollo de la actividad comercial que realiza, señalando que antes de la implementación de la norma impugnada, con la Ordenanza Nº 33/2013, abonada la empresa entre cinco mil a ocho mil pesos mensuales en concepto de la citada Tasa. Destaca que con la implementación de la norma atacada se fijó un aumento de un trescientos por ciento (300 %), equivalente a un total de treinta mil (30.000) Unidades Fiscales anuales en relación a su actividad y a la zona de su establecimiento; precisando que cada unidad fiscal vale diez (10) pesos -cf. el art. 12 de la Ordenanza Nº 06/2016- por lo que la empresa debe abonar en concepto de Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene unos doscientos cincuenta mil (250.000) pesos anuales (cf. art. 18 Categoría 28 de la Ordenanza Nº 06/2016). Denuncia que el incremento en la Tasa resulta arbitrario en tanto no fue precedido por el correspondiente informe o estudio de erogación, es decir, la correlación entre los servicios a prestar y la tasa a pagar, conculcándose la garantía del debido proceso legal. Afirma que la tasa impugnada no implica la retribución de un servicio efectivamente prestado y que por su base imponible guarda analogía con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en transgresión a lo dispuesto por el artículo 9º inciso b de la ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, al verse afectada la distribución de potestades tributarias. Concluye que su demanda de inconstitucionalidad es procedente en los términos del artículo 793 del CPCC, toda vez que existe una relación jurídica donde su parte -administrado- ha sido injuriada por la Municipalidad de El Bolsón, generándose un estado de incertidumbre constitucional, existiendo lesión actual. A fs. 97/108 el apoderado de la Municipalidad de El Bolsón, Dr. Marco Burelli, con el patrocinio letrado del Dr. Franco C. Burelli, contesta el traslado de la demanda de inconstitucionalidad incoada, requiriendo su rechazo con costas en función de la ausencia de los recaudos formales (art. 796 del CPCC) y la endeble argumentación esbozada en la misma. Niega las afirmaciones del accionante relativas a la Ordenanza Nº 06/2016, cuestionando que se encuentren vulnerados principios constitucionales. Además sostiene la incompetencia del Superior Tribunal de Justicia respecto al planteo de nulidad articulado en el escrito inicial. Aclara que por dicho motivo circunscribe su análisis a la ponderación de la constitucionalidad de la norma involucrada. Afirma que no se puede suponer o presumir la inconstitucionalidad de una norma; por el contrario, se presume su validez, legalidad y coherencia jerárquica, siendo dicha declaración la última ratio del orden jurídico y de interpretación restrictiva, circunstancias que exigen un plus de fundamentación y prueba, aclarando que ello en este caso no se vislumbra. Sostiene que el accionante está cuestionando decisiones políticas adoptadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de El Bolsón, que es el órgano de mayor representatividad comunal, destacando que la gravedad de la lesión invocada debe ser directamente proporcional con la gravedad institucional que implica desautorizar con una sentencia de inconstitucionalidad a dicho poder municipal. Opina que la presentación del accionante resulta ser una mera expresión de disconformidad con el monto final de la tasa que debe integrar, sin que alcance para invalidar a la Ordenanza Nº 06/2016 la sola mención de que contraviene al artículo 230 inciso 4º de la Constitución Provincial y otros principios de la Carta Orgánica Municipal. Subraya que ninguno de los artículos de la Ordenanza señalada impugnados por el actor -7, 18 y 21- producen el aumento denunciado en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, en tanto el artículo 7 determina la base imponible de la misma, el artículo 18 define las distintas zonas de distribución, categorías y la cantidad de unidades fiscales que corresponden por una combinación de estos dos aspectos, y el artículo 21 faculta al Ejecutivo a realizar la recategorización que corresponda. Precisa que el aumento al que se refiere el accionante en realidad está dado por el ajuste del valor de la Unidad Fiscal”, el cual es razonable dado que el mismo no había sido actualizado en cuatro años, según el informe del Director de Ingresos Públicos Municipal (Anexo II de fs. 61). Concluye que razones de política económica municipal motivaron la reformulación de la Ordenanza tributaria, señalando una coyuntura de emergencia en la que se encuentra la Municipalidad de El Bolsón, calificando de mendaz la afirmación del accionante relativa a la ausencia de contraprestación por la tasa cobrada (cf. Anexo VII de fs. 77/96). A fs. 116 y 121 el accionante solicita que se declare la cuestión como de puro derecho y que sea resuelta en base a las constancias de la causa, sin producción de prueba. A fs. 124 y a través del Auto Interlocutorio Nº 4/17 el Superior Tribunal de Justicia declaró la cuestión sustanciada en autos como de puro derecho (cfme. art. 359 del CPCC). DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL A fs. 130/134 el Sr. Procurador General Subrogante, Dr. Marcelo Alvarez, dictamina que se debe rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta, habida cuenta de la insuficiencia de los fundamentos y la inexistencia de demostración de la afectación a los preceptos invocados como vulnerados. Liminarmente, se remite al Dictamen Nº 30/16 (fs. 45/49) en lo relativo a los extremos indispensables que caracterizan este tipo de acción, destacando la competencia originaria en la temática del Superior Tribunal de Justicia (cf. art. 207 inc. 1º de la Constitución Provincial). Precisa que la accionante no ha cumplido con la carga argumentativa necesaria tendiente a demostrar de forma concluyente el apartamiento constitucional en el que basa su pretensión. Opina que la falencia argumentativa, sumada a la insuficiencia de la documentación arrimada, impiden tener por cumplidos los requisitos de viabilidad para la procedencia de esta vía, señalando que el accionante no aborda en su presentación lo atinente a la fijación de la base imponible o la composición de la alícuota para el cobro de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene ni tampoco impugna el artículo 12 de la ordenanza Nº 06/2016 que fija sus valores en Unidades Fiscales, estableciendo su monto en la suma de diez (10) pesos. Considera, además, que la Municipalidad demandada logró rebatir todos y cada uno de los cuestionamientos realizados por la actora, habiendo acompañado para ello un informe del Director de Ingresos Públicos (fs. 61). Puntualiza que la documentación que como Anexo doc. VII” presentó la accionada -actuaciones administrativas del año 2016 obrantes a fs. 77/96- demuestran la efectiva prestación del servicio por el cual se tributa. Afirma que en los fundamentos de la ordenanza en crisis se hace mención a la necesidad de reforma de la Ordenanza nº 033/2013, en la denominada TASA UNIFICADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS”, sin que en el caso se vislumbre -tal como arguye el accionante- la colisión legal generadora de una doble imposición solapada. Expresa que si bien el incremento denunciado por el accionante no resulta insignificante, ha sido la propia requirente quien solicitó que se declare la cuestión de puro derecho pese a que el asunto requiere -a su entender- de una mínima actividad probatoria a los efectos de tener por acreditado el efectivo perjuicio que el quantum a tributar pueda haberle generado. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO Al ingresar al análisis de la cuestión de constitucionalidad traída a debate, aparece como necesario reiterar que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad o última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar (CSJN C. 2705. XLI; REX, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica c/ Marini, C. A. s/ ejecución, sent. del 13-05-08); de allí que la carga impugnativa y probatoria deba extremarse para arribar a una conclusión tan relevante como aquélla que conduce a invalidar un precepto, por contrario a la Constitución. En esa línea se ha dicho que para decretar la invalidez de una norma deben mediar motivos reales que así lo impongan; una demostración concluyente de su discordancia sustancial con las mandas de la Constitución que se dicen vulneradas. Ello no ocurre cuando son insuficientes las alegaciones y probanzas existentes en la causa para demostrar palmariamente, merced a un análisis pormenorizado, la colisión de las normas impugnadas con los preceptos constitucionales (STJRNS4 Se. 76/14 PACHE” y Se. 124/15 GOYE”, entre otros). La acción autónoma de inconstitucionalidad de ninguna manera puede transformarse en una herramienta para evaluar el acierto u oportunidad de un acto de gobierno dictado conforme a las facultades que le son propias, en tanto configura un proceso constitucional que tiene por objeto la tutela -lato sensu- de la norma suprema y constituyéndose de tal modo, en baluarte para la defensa de los principios, derechos y garantías consagrados en ella y en los Tratados Internacionales, que se asimilan en jerarquía por obra del art. 75 inc. 22, llamado bloque de constitucionalidad”, contra actos ilegítimos que violen la misma (STJRNS4 Se. 87/14 COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, Se. 124/15 GOYE” y Se. 28/16 FISCALIA MUNICIPAL VILLA REGINA”). Pero de ninguna manera puede transformarse en una herramienta para evaluar el acierto u oportunidad de un acto de gobierno, dictado conforme a las facultades que le son propias. En estos términos, quien pretende la inconstitucionalidad de una norma debe desarrollar su demanda con absoluta precisión, fundando en términos claros cuál es la norma constitucional que sostiene se estaría avasallando, no bastando para ello con la mera enunciación, más o menos genérica, de preceptos constitucionales lesionados (STJRNS4 Se. 108/00 FISCALIA MUNICIPAL DE VILLA REGINA”). El artículo 231 de la Constitución de la Provincia establece que la facultad de los Municipios de crear y recaudar impuestos es complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para el orden provincial, sin admitir la doble imposición. Asimismo no puede soslayarse lo dispuesto en los arts. 4, 16, 17 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, 94 de la Constitución Provincial y 157 de la COM de El Bolsón que prescribe que son principios de la tributación la igualdad, la equidad y la no confiscatoriedad. En autos, la cuestión ha quedado circunscripta a determinar si a través de los artículos 7, 18 y 21 de la Ordenanza Nº 06/2016 el Municipio de El Bolsón -en uso de sus facultades- ha respetado los principios constitucionales del sistema tributario, al establecer como base imponible de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene el tipo de actividad y la zona de ubicación del inmueble. El artículo 7 de la Ordenanza Nº 06/2016 establece que la base imponible está constituida por el tipo de actividades y según la zona de ubicación, destacando que la ordenanza tarifaria fijará las zonas y los montos según el rubro de que se trate y la zona en que se califique. Por su parte el artículo 18 de la misma norma define los valores anuales correspondientes a la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene y para cada categoría, conforme la zona de asentamiento; y el artículo 21 faculta al Poder Ejecutivo Municipal a realizar la recategorización que corresponda. Por otra parte, pero vinculado con los requisitos procedimentales señalados en los párrafos anteriores, se hace notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Quilpe” (Fallos 335:1987) e invocando sus propios precedentes, ha señalado que para el caso de las Tasas -tributo vinculado- su cobro debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente. A su vez, al finalizar el considerando 5 de dicho pronunciamiento, el Alto Tribunal recalcó que no puede dejar de observarse que, según surge de la jurisprudencia citada a lo largo de aquella sentencia, la efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasa, punto que debe ser esclarecido para la adecuada decisión del pleito. La Tasa se distingue del Impuesto por la causa jurídica, que no es la capacidad contributiva, sino la prestación de un servicio individualizado por el sujeto activo al sujeto pasivo (STJRNS4 Se. 671/02 ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S.A.”). Si no se ha acreditado una irrazonable relación o manifiesta falta de equivalencia entre el quantum de la tasa y el costo del servicio municipal que en sustancia aquélla retribuye, ni que al diseñar el gravamen el Municipio haya prescindido arbitrariamente de ponderar la capacidad contributiva del obligado al pago, cabe desestimar el planteo de inconstitucionalidad (SCBA LP I 1992 sent. del 07/03/2005 en Aguas Argentinas S.A. c/Municipalidad de Lomas de Zamora s/Inconstitucionalidad Ordenanza 7751/95” ). Si la quejosa no ha probado la existencia y gravedad de los hechos en que asienta su reproche, pues de la lectura del expediente no se desprende que la reclamante haya siquiera intentado demostrar que la Tasa controvertida le genera un impedimento que afecta significativamente su patrimonio o frustra gravemente el servicio del que es concesionaria, en grado tal que avasalle todo criterio de razonabilidad, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad (SCBA LP I 1992 sent. 07/03/2005 en Aguas Argentinas S.A. c/Municipalidad de Lomas de Zamora s/Inconstitucionalidad Ordenanza 7751/95” ). En autos no se ha acreditado una irrazonable relación o manifiesta falta de equivalencia entre el quantum de la tasa y el costo del servicio municipal que en sustancia aquélla retribuye; ni que al diseñar el gravamen el municipio haya prescindido arbitrariamente de ponderar la capacidad contributiva del obligado al pago. En la especie, la accionante pretende acreditar la confiscatoriedad de la tasa impugnada con la sola presentación de la documental de fs. 5/32, habiendo peticionado ella misma la declaración de puro derecho, sin antes haber logrado acreditar de manera apropiada y suficiente la incidencia que la Tasa en cuestión tiene -por ejemplo- en las rentas de la empresa ni tampoco que el cumplimiento de dicha obligación fiscal pueda privarla de continuar con su actividad comercial, o afectarla de manera grave. En tal sentido, resulta concluyente el hecho de que la accionante omitió ofrecer prueba -ej. pericial- de modo que el Tribunal pueda contar con información objetiva e imparcial respecto de los agravios denunciados. La actora no aportó aquella que permita tener por cierta la afectación de su derecho de propiedad y no surge en autos en qué forma el nuevo monto de la tasa incide sobre sus rentas o utilidades, ni sobre su desempeño comercial en base a su objeto societario. Así, ante la ausencia probatoria que avale la supuesta confiscatoriedad alegada,y teniendo en cuenta que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse -como antes se indicara-, la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indubitable; y no evidenciándose dicha circunstancia en la presente acción, corresponde que la misma sea rechazada (Suprema Corte de Justicia, Mendoza Gas del Sur vs. Municipalidad de San Carlos s. Acción de inconstitucionalidad”, sent. del 11-nov-2015; Rubinzal Online; RC J 356/16). También se comparte aquella doctrina judicial que determina que la tacha de inconstitucionalidad basada en la cuantía excesiva de la tasa debe desestimarse a falta de una clara demostración del perjuicio sufrido..., [pues] no puede sostenerse en declaraciones dogmáticas, sino en la debida comprobación del exceso de la tasa que validaría la inconstitucionalidad por razón de su confiscatoriedad, lo cual depende, naturalmente, de una investigación de hecho cuyas conclusiones debe aportar el afectado como prueba del perjuicio que sufre por la aplicación de la norma impugnada” (SCBA LP C 99854 S 07/10/2009 en Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Haras San Pablo Club de Campo S.A. s/Apremio” ). Por todo ello, coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto a que la accionante no ha logrado evidenciar la palmaria confrontación del articulado de la Ordenanza impugnada con el plexo constitucional -local y/o Nacional- que amerite la grave decisión jurisdiccional de declarar su inconstitucionalidad, destacándose que tal falencia argumentativa, sumada a la insuficiencia de la prueba arrimada al expediente, impiden tener por cumplidos los requisitos de procedencia de la acción intentada. DECISORIO Por todo lo anteriormente expuesto, he de proponer al Cuerpo el rechazo de la Acción de Inconstitucionalidad de los arts. 7, 18 y 21 de la Ordenanza N° 06/2016 de la Municipalidad de El Bolsón; con costas (cfme. art. 68 del CPCC). MI VOTO.


La señora Jueza doctora Adriana C. ZARATIEGUI, dijo: Adhiero al voto y solución propuesta por el señor Juez preopinante. ASI VOTO.


La señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI, dijo: Doy por reproducidos los antecedentes del caso y adelanto que disiento con la solución propiciada por los jueces que me preceden en el voto. Advierto que el artículo 7 de la Ordenanza nº 06/2016 dispone que la base imponible está constituida por el tipo de actividades y según la zona de ubicación, destacando que la ordenanza tarifaria fijará las zonas y los montos según el rubro de que se trate y la zona en que se califique; y que el artículo 18 de la Ordenanza establece los valores anuales correspondientes a la tasa por inspección, seguridad e higiene y para cada categoría, conforme la zona de asentamiento y el artículo 21 faculta al Poder Ejecutivo Municipal a realizar la recategorización que corresponda. De la normativa aludida y aquí impugnada se colige sin esfuerzo que para el cálculo de la base imponible de la tasa por inspección, seguridad e higiene se tiene en cuenta la actividad del contribuyente y la zona de ubicación conforme la división del ejido municipal, razón por la cual corresponde analizar si el gravamen en cuestión se encuentra viciado de inconstitucionalidad. Nótese que el agravio constitucional se sustenta en la vulneración de los principios tributarios de legalidad, igualdad, equidad y de no confiscatoriedad; como así también de ejercer una industria o actividad lícita, proporcionalidad y potestad tributaria y la garantía del debido proceso, todos consagrados en la Constitución Nacional, sosteniéndose que se vulneran los artículos 230 inciso 4 de la Constitución Provincial y 157 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de El Bolsón. Advierto que la cuestión planteada en autos resulta sustancialmente análoga a lo resuelto en el precedente TORNERO” (STJRNS4 Se. 57/15) cuyas consideraciones transcribo a continuación, por entender que resultan enteramente aplicables al caso. En aquella oportunidad se sostuvo que para que la creación de una tasa municipal resulte compatible con el ordenamiento constitucional, resulta adecuado al caso reiterar las consideraciones formuladas en oportunidad de emitir mi voto en las actuaciones COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE” (STJRNS4 Se. 87/14). Allí se precisó que el tributo es, lato sensu, la detracción que, en virtud de ese poder tributario, se hace de una porción de riqueza de los contribuyentes a favor del Estado. El tributo es una categoría de lo que se llama ingresos públicos\" (Conf. Germán Bidart Campos. Manual de la Constitución Reformada. Tomo II Editorial Ediar SA. Buenos Aires 1996. Pág. 158.) Pero según la clase de tributo será el régimen tributario que se le aplique para que se ajuste al texto constitucional (Conf. Fallos: 185:209; 210:276 y 500; 217:189). Asimismo se destacó que según el aspecto material de su hipótesis de incidencia, un tributo se define como vinculado cuando el legislador vincula el nacimiento de la obligación tributaria al desempeño de una actividad, a diferencia de los no vinculados, en los cuales, no existe tal relación. Se dijo que: Los tributos vinculados por excelencia son las tasas y contribuciones especiales, los tributos no vinculados son los impuestos. Al respecto la Corte ha expresado en Quilpe” (CSJN, \"Quilpe S.A. - Inconstitucionalidad\", Fallo del 09/10/2012) invocando sus propios precedentes, para el caso de las tasas -tributo vinculado- que el cobro de la tasa debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente. A su vez, al finalizar el considerando 5°, recalcó: \"Al respecto no puede dejar de observarse que, según surge de la jurisprudencia citada a lo largo de este pronunciamiento, la efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasa. Igual reparo merece una contribución. Entonces, son tributos vinculados aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en una actividad estatal y como impuestos, aquellos cuya hipótesis de incidencia es un hecho o acontecimiento cualquiera, no consistente en una actividad estatal ( ). Desde este ángulo, la tasa es un tributo vinculado. En opinión de Dino Jarach, la tasa se distingue precisamente del impuesto por la causa jurídica, que no es la capacidad contributiva, sino la prestación de un servicio individualizado por el sujeto activo al sujeto pasivo (STJRNS4 Se. 671/02 ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S.A.”). Reiterado ello, se advierte que en autos estamos en presencia de una tasa retributiva de servicios por lo cual, para fijar su monto, éste debió vincularse con el costo de la efectiva prestación de los servicios y no con la actividad del contribuyente o la zona de ubicación, tal como acontece en el sub examine. Toda vez que el servicio inspectivo será el mismo, cualquiera sea la actividad y el lugar de emplazamiento. Por esa razón, el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que las tasas municipales son retributivas de un servicio y no están vinculados con la condición personal patrimonial del obligado (cf. STJRNS4 Se. 671/02 ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S.A.”). Al respecto en el citado precedente TORNERO” se expresó Corresponde señalar que en el fallo COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE” (STJRNS4 Se. 87/14) precisamente se mencionó que en anteriores precedentes, (STJRNS4 Se. 26/01 y 671/02 ) se declaró la inconstitucionalidad de las Ordenanzas del Municipio de San Carlos de Bariloche y se expresó que los Municipios no aplican impuestos que tengan en consideración la fortuna o posibilidades económicas del contribuyente ya que ello es de resorte nacional y que la complementariedad aludida en el art. 231 de la Constitución Provincial no puede verse violentada mediante una doble imposición tributaria impuesta de modo solapado. En orden a ello existe consenso doctrinario en afirmar que la confiscatoriedad no sólo puede provenir de la aplicación de un solo gravamen, sino de la presencia de tributos concurrentes (cf. C.M.G. Fonrouge, \"Derecho Financiero\", Vol. 1, 5ta. edición, Depalma, p.344). En efecto, inveterada jurisprudencia del cimero Tribunal establece que el cobro de una tasa debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792, 332:1503). Juan Manuel Álvarez Echagüe expresa que: la base imponible o base de cálculo es la cuantificación del hecho. O sea que en el caso de la tasa es la cuantificación del costo individualizado que demanda la prestación del servicio. Por ello no puede realizarse dicha base de cálculo tomando como componente del cálculo la actividad del contribuyente, tanto menos cuando esa actividad se encuentra sujeta a impuestos o gravámenes provinciales o nacionales. La problemática relacionada con la base de cálculo para determinar el monto que deberá abonar el sujeto pasivo en concepto de tasa no es nueva. Así, Ramón Valdés Costa refiere que: `Es un principio fundamental que la base de cálculo de todo tributo debe estar relacionada con las características del presupuesto de hecho ´, y siendo `que la base de cálculo debe ser considerada como la cuantificación del presupuesto de hecho. Por lo tanto no es procedente adoptar elementos característicos de otros tributos, especialmente de los impuestos ´ García Belsunce, en referencia a la problemática argentina, señala que: `La creación de tasas o derechos exigibles por la prestación de servicios de habilitación, inspección o fiscalización de establecimientos comerciales o industriales, o por servicios de vigilancia o sanidad, todos determinados sobre la base imponible que resulta de las cifras de las actividades sujetas a la contribución (monto de las ventas de bienes o prestaciones de servicios) lleva, desde el punto de vista económico - financiero, a la conclusión de que hay indudablemente una superposición con otras contribuciones nacionales o provinciales que inciden sobre la misma materia imponible´ Mientras que posteriormente explica lo siguiente: ` no podemos negar que existe una doble o múltiple incidencia económica en un mismo proceso productivo, que resulta de gravar una misma riqueza con varios tributos provenientes de poderes tributarios diferentes. Valga a título de ejemplo, el señalar que el producto de las ventas de un negocio o de las prestaciones de servicios es la base imponible del impuesto nacional al valor agregado; con ciertas deducciones para llegar al ingreso neto del impuesto a las ganancias; en ciertos productos de los impuestos internos al consumo: del impuesto provincial a las actividades lucrativas (Ingresos Brutos) y de las tasas municipales por derechos de inspección, habilitación o como quiera llamársele´ ( ). Como señala Rodolfo Spisso al hacer referencia a la tasa de inspección, seguridad e higiene: `La analogía con el impuesto provincial sobre los ingresos brutos deviene manifiesta, más allá que se la pretende disfrazar bajo el ropaje de una tasa por un servicio de una nula o escasa utilidad, que en la mayoría de las veces se lo presta esporádica y nominalmente. Se transgrede, en una clara desviación de poder, la prohibición de establecer tributos análogos a los nacionales coparticipados La excepción respecto del impuesto provincial sobre los ingresos brutos no se puede extender a las contribuciones municipales que con la forma de tasas encubren impuestos” (cf. Los Municipio, las tasas y la razonable proporcionalidad entre lo recaudado y el costo del servicio”, por Juan Manuel Alvarez Echagüe www.aeyasoc.com.ar/artículo9.pdf). Osvaldo H. Soler considera que si nos situamos en el escenario comprendido por la potestad tributaria provincial y por las facultades tributarias municipales, advertimos que el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la actividad con propósito de lucro en tanto que el hecho generador en la tasa municipal es el servicio prestado por el municipio. Cuando el `precio´ de este último excede desproporcionadamente el costo de la prestación por aplicarse la alícuota tributaria sobre un parámetro arbitrario que por su naturaleza y magnitud no guarda relación alguna con el sacrificio económico que demanda la ejecución del servicio y, además, dicho precio surge de aplicar una alícuota sobre la misma base imponible del impuesto provincial, la evidente realidad económica es que la tasa está gravando a la actividad con fines de lucro del contribuyente incidido, es decir, el mismo hecho económico alcanzado por aquel impuesto ( ) Es la efectiva prestación del servicio la causa de la tasa y la retribución o `precio´ de aquel no puede exceder el costo aproximado del mismo\" (cf. Soler, Osvaldo H. Ilegitimidad de las tasas municipales cuya base imponible son los ingresos brutos del contribuyente. Un particular enfoque doctrinario” https://sites.google.com/a/convocation.org.ar/noalimpuestazo/home/legitimidad-de-las- tasas). Como bien destaca Osvaldo H. Soler, mediante la alambicada fórmula de establecer una tasa con la declarada intención de retribuir un individualizado servicio prestado por el municipio, es decir sobre un hecho imponible distinto al determinado por las provincias o la Nación al establecer sus propios impuestos, pero aplicable sobre una base imponible coincidente con la establecida para tales gravámenes, se pretende soslayar el reproche que deviene de la incidencia fiscal múltiple. Esto ha estado muy claro con relación a las tasas municipales que gravan la actividad comercial cualquiera sea su denominación (vg. inspección, seguridad e higiene) que establecen bases imponibles coincidentes con las del impuesto sobre los Ingresos Brutos ( )” (Cf. Osvaldo H. Soler, Comentarios sobre la observancia del principio de transparencia tributaria en la legislación municipal a la luz de un reciente fallo”,http://www.soller.com.ar/2011/fallo...tasa.pdf). De tal modo, sostiene el autor, el empleo de un ropaje falso impone la necesidad de prescindir del disfraz y considerar la situación económica real, siendo ésta la más adecuada para determinar la intención de la ley que -no parece ser otra- es la de gravar con la tasa la misma actividad constitutiva del hecho imponible para el impuesto provincial (cf. texto citado). Ciertamente, el artículo 231 de la Constitución de la Provincia establece que la facultad de los Municipios de crear y recaudar impuestos es complementaria de la que tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para el orden provincial, sin admitir la doble imposición. Asimismo no puede soslayarse lo dispuesto en los arts. 4, 16, 17 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, 94 de la Constitución Provincial y 157 de la COM de El Bolsón que prescribe que son principios de la tributación la igualdad, la equidad y la no confiscatoriedad ( ). Las limitaciones contenidas en el art. 9, inc. b de la ley de coparticipación federal N° 23.548, se ajusta a la distribución de competencias tributarias establecidas en la Constitución Nacional y sustenta una interpretación armónica de las exigencias del régimen de coordinación y distribución fiscal de la ley de coparticipación con las facultades impositivas asignadas a las Municipalidades. Tengo en consideración que en el precedente de fallos 332:1503 ( Laboratorios Raffo S.A”.) se señaló que la distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que desempeña un rol esencial en la coordinación de las potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, pues el art. 9°, inc. b, de la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos (cf. CSJN, Quilpe S.A -Inconstitucionalidad”, del 9/10/12) (...). Es menester recordar que desde la reforma constitucional del año 1994 y ya con el precedente Mataldi” de la CSJN (Fallos 149:260) quedó establecida la facultad concurrente en materia impositiva de los distintos grados estaduales. Sin embargo el ejercicio de tales facultades tiene un límite infranqueable cual es la prohibición de incurrir en la doble o triple- imposición. La ley 23.548 establece como obligación a cada provincia, por sí y por sus municipios y organismos administrativos de su jurisdicción, al momento de adherir al sistema nacional de coparticipación impositiva, no aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley”. El objeto de esta obligación se extiende a la abstención de gravar con cualquier tipo de tributos salvo tasas retributivas de servicios efectivamente prestados- las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos” (Conf. CSJN Fallos 335:996, STJRNS4 Se. 87/14 COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE). El concepto de analogía en el cual se afinca el agravio de la doble o múltiple imposición, debe centrarse en aquellos fines específicos, que son los objetivos perseguidos por la ley de coparticipación, para evitar tal situación. Así, según tiene expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se entiende que los impuestos locales son análogos a los nacionales cuando se verifique alguna de las siguientes hipótesis: definiciones sustancialmente coincidentes de los hechos imponibles o definiciones más amplias que comprendan los hechos imponibles de los impuestos nacionales o más restringidas que estén comprendidas en éstos, aunque se adopten diferentes bases de medición; a pesar de una diferente definición de los hechos imponibles, adopción de bases de medición sustancialmente iguales. No resulta relevante para desechar la analogía la circunstancia que no coincidan los contribuyentes o responsables de los impuestos siempre que exista coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases de medición (Conf. Anteproyecto de Ley de Unificación y Distribución de Impuestos, Coparticipación de Provincial de Impuestos Nacionales. Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, 1966, Págs. 183 y sgtes., citado en CSJN Fallos 335:996). Consecuencia de ello, la tasa aquí cuestionada resulta ilegítima por contraponerse a las obligaciones asumidas en la ley 23.548. En efecto, será inválida toda normativa de jerarquía inferior, y/o interpretación de la ley, reñida con la ley 23.548, que dispone que los municipios no pueden gravar con impuestos la misma materia imponible alcanzada por los impuestos nacionales coparticipables (art. 31 CN, cf. CSJN, Fallos 324:4226; 327:1051; 327:1083; 327:1108; 331:718) ( ). Insisto, las tasas además- deben guardar una relación razonable con el costo del servicio recibido, lo que no acontece en las normas impugnadas en atención a que no se relaciona el quantum de las tasas respecto al costo de los servicios efectivamente prestados.”. Establecida la sustancial analogía de lo resuelto por este Cuerpo (in re TORNERO”) con el caso traído a decisión, entiendo que, efectivamente, los artículos 7, 18 y 21 de la Ordenanza nº 06/2016 de la Municipalidad de El Bolsón que establecen incrementos en la tasa de inspección, seguridad e higiene tomando como base imponible el tipo de actividad y la zona de ubicación del inmueble, resultan lesivos de los principios tributarios de legalidad, igualdad, equidad, de no confiscatoriedad, del ejercicio de industria o actividad lícita, proporcionalidad y potestad tributaria. En el caso de autos se advierte un aumento injustificado de la tasa de inspección, seguridad e higiene puesto que antes de la implementación de la norma impugnada, con la ordenanza nº 33/2013, pagaba por su empresa entre 5.000 a 8.000 (cinco mil a ocho mil) pesos mensuales en concepto de tasa de seguridad e higiene (conforme constancia de fs. 5). Nótese que con la puesta en vigencia de la norma impugnada el accionante debe abonar un monto mensual en concepto básico de comercio de 25.000 (veinticinco mil) pesos (cf. fs. 32). Este aumento equivalente a un total de 30.000 unidades fiscales anuales en relación a su actividad y a la zona de su establecimiento, (cf. art. 18 categoría 28 de la ordenanza nº 06/2016) resulta arbitrario en tanto no fue precedido por el correspondiente informe o estudio de erogación, es decir la correlación entre los servicios a prestar y la tasa a pagar. En tal sentido, corresponde al Estado Municipal acreditar no sólo la prudente proporcionalidad aludida, sino además, la razonabilidad del criterio adoptado en la aplicación del principio de la capacidad contributiva para su distribución entre todos los sujetos obligados al pago. Ello así, por cuanto tales extremos necesariamente debieron ser mensurados a la hora de crear la tasa, siendo el mismo Estado quien se encuentra en mejores condiciones de probarlos en juicio; circunstancia que no ha ocurrido en el caso. Considero que la base imponible de la tasa puesta en crisis no implica la retribución de un servicio efectivamente prestado en tanto el Municipio de El Bolsón al contestar la demanda tan solo acompañó un informe del Director de Ingresos Públicos (fs. 61) del cual no surge acabadamente acreditada la proporción entre el servicio efectivamente prestado y la tasa aplicada. Entiendo que si bien no es exigible una equivalencia exacta o matemática, la cuantía de la tasa debe guardar como mínimo un grado razonable y prudente de proporcionalidad con el costo del servicio prestado. De lo contrario, y con independencia de su eventual confiscatoriedad, en la medida en que no guarde proporción alguna con la actividad estatal que le dio origen, resultaría violatoria del principio de igualdad (art. 16 CN) y razonabilidad (art. 28 CN); pues se haría recaer sobre determinadas personas elegidas arbitrariamente, cargas públicas que deberían estar a cargo de la generalidad de los contribuyentes (en este mismo sentido, García Belsunce, Temas de Derecho Tributario, Abeledo Perrot, pág. 223; Cám. Fed. San Martín, Sala 1, \"Gas Natural Ban S.A. c. Municipalidad de la Matanza\", 21/9/00, citado por Germán Luis Gianotti en Tributos Municipales. Efectos distorsivos sobre las actividades empresariales”, p.42/43, ed. LL; cf. voto del Dr. Apcarián en TORNERO” ya citado). Por todo lo expuesto, se advierte que los artículos 7, 18 y 21 de la Ordenanza nº 06/2016 gravan una cierta manifestación de capacidad económica en cabeza de sujetos radicados en la jurisdicción respectiva -actividad-, que además están siendo gravados sobre la misma exteriorización económica por otro impuesto, sin que se verifique que guarden una relación razonable con el costo del servicio recibido tal como lo señala el accionante. DECISORIO En función de lo dicho, los arts. 7, 18 y 21 de la Ordenanza Nº 6/16 de la Municipalidad de El Bolsón objetados en autos claramente vulneran los arts. 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional, 230 inc. 4 de la Constitución Provincial y 157 de la COM de El Bolsón, correspondiendo por ello declarar su inconstitucionalidad, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del CPCC). MI VOTO
El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA, dijo: Adhiero a la solución propuesta por la señora Jueza que me antecede en orden a votación. ASI VOTO.
El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN, dijo: Adhiero a la solución propuesta por la Sra. Jueza doctora Liliana L Piccinini, cuyos fundamentos comparto. Y agrego. En autos estamos en presencia de una tasa retributiva de servicios por lo cual para fijar su monto éste debió vincularse con el costo de la efectiva prestación de los servicios y no solo con la capacidad contributiva del contribuyente. En tal sentido, el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que las tasas municipales son retributivas de un servicio y no están vinculados con la condición personal patrimonial del obligado (cf. STJRNS4 Se. 671/02 ENTRETENIMIENTOS PATAGONIA S.A.”). Al respecto corresponde señalar que en el fallo COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE” (STJRNS4 Se. 87/14) precisamente se mencionó que en anteriores precedentes, (STJRNS4 Se. 26/01 y 671/02 ) se declaró la inconstitucionalidad de las Ordenanzas del Municipio demandado y se expresó que los Municipios no aplican impuestos que tengan en consideración la fortuna o posibilidades económicas del contribuyente ya que ello es de resorte nacional y que la complementariedad aludida en el art. 231 de la Constitución Provincial no puede verse violentada mediante una doble imposición tributaria impuesta de modo solapado. En orden a ello existe consenso doctrinario en afirmar que la confiscatoriedad no sólo puede provenir de la aplicación de un solo gravamen, sino de la presencia de tributos concurrentes (cf. C.M.G. Fonrouge, \"Derecho Financiero\", Vol. 1, 5ta. edición, Depalma, p. 344). Considero respecto a la controversia planteada en el sub-examine que resultan aplicables las consideraciones formuladas por este Superior Tribunal de Justicia en el precedente TORNERO” (cf. STJRNS4 STJRNS4 Se. 57/15). Ello así por cuanto de la normativa aquí impugnada (arts. 7, 18 y 21 de la Ordenanza nº 06/2016) se advierte que para el cálculo de la base imponible de la tasa por inspección, seguridad e higiene se tiene en cuenta el tipo de actividad del contribuyente y la zona” de ubicación del inmueble. Precisamente, en TORNERO” señalé que la nota particular que distingue la tasa del impuesto es el presupuesto de hecho elegido para que nazca la obligación tributaria, que necesariamente debe consistir en una actividad estatal específica, concreta e individualizada. Es más, el art. 16 del Código Tributario para América Latina la define diciendo que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente (cf. Spisso Rodolfo, Derecho Constitucional Tributario, pág. 44, Ed. Depalma, 1991). Dicha concepción se condice además con la doctrina que inveteradamente mantiene desde hace décadas la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo sostuvo, por ejemplo, en el precedente \"Cía Swift de la Plata\" (Fallos T. 251, P. 51) dictado en el año 1961, y también en \"Compañía Química .S.A C/ Municipalidad de Tucumán\" (Fallos 312:1575) del año 1989, entre otros. En este último -óbiter dicta- el máximo Tribunal de nuestro país aclaró que \"todos los precedentes citados presuponen, empero, la existencia de un requisito fundamental de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente\". Y a mayor abundamiento, explica en su voto el Dr. Belluscio: \"... a la luz de la interpretación dada a la norma por el Tribunal local al considerarla retributiva de un servicio público uti universi”, la citada norma resulta irrazonable, toda vez que carga sobre aquellos contribuyentes que realizan actividades comerciales e industriales o de servicios la supuesta manutención de los servicios públicos indiscriminados que beneficiarían a toda la comunidad, consagrando así una manifiesta inequidad. A ello cabe sumar la excesiva latitud de la norma impugnada -contraria al principio de legalidad que rige en la materia- al no discriminar debidamente los servicios cuya manutención solicita, posibilitando la recaudación de los fondos para la finalidad ajena a la que presuntamente le habría dado origen\". Aún cuando la propia CSJN ha admitido también desde antaño que el Estado - en el caso, Municipal- en el ejercicio de su soberanía tributaria pueda tener en cuenta a la hora de la determinación de la tasa la capacidad contributiva del contribuyente, en modo alguno ello lo habilita a prescindir del costo del servicio prestado (cf. CSJN \"Banco de la Nación c. Municipalidad de San Rafael\" - Fallos: 234:663). En el mismo precedente sostuve que si bien no es exigible una equivalencia exacta o matemática, es claro que la cuantía de la tasa debe guardar como mínimo un grado razonable y prudente de proporcionalidad con el costo de/los servicio/s. De lo contrario, y con independencia de su eventual confiscatoriedad, en la medida en que no guarde proporción alguna con la actividad estatal que le dio origen, resultaría violatoria del principio de igualdad (art. 16 CN) y razonabilidad (art. 28 CN); pues se haría recaer sobre determinadas personas elegidas arbitrariamente, cargas públicas que deberían estar a cargo de la generalidad de los contribuyentes (en este mismo sentido, García Belsunce, Temas de Derecho Tributario, Abeledo Perrot, pág. 223; Cám. Fed. San Martín, Sala 1, \"Gas Natural Ban S.A. c. Municipalidad de la Matanza\", 21/9/00, citado por Germán Luis Gianotti en Tributos Municipales. Efectos distorsivos sobre las actividades empresariales”, p.42/43, ed. LL). En autos el incremento en la tasa de seguridad e higiene resulta arbitraria en tanto no surge acreditado la correlación entre los servicios a prestar y la tasa a pagar, conculcándose los principios antes mencionados. Por todo lo expuesto le asiste razón al planteo del actor concerniente a que el Municipio aplica un tributo que se calcula sobre la base de la actividad desarrollada por el contribuyente y por la zona en que se encuentra el comercio, sin que se especifique con precisión cómo esta tasa retribuye un servicio efectivamente prestado, máxime cuando serían materias imponibles que resultarían abarcadas también por otros tributos. MI VOTO.
Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE: Primero: Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7, 18 y 21 de la Ordenanza nº 06/2016 de la Municipalidad de El Bolsón que establecen incrementos en la tasa de inspección, seguridad e higiene , por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del CPCC). Segundo: Regular los honorarios profesionales del doctor Hugo Rubén Cancino en la suma de pesos SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA ($ 64.140) y los de los doctores Marco Burelli Franco C. Burelli en conjunto en la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL SETENTA ($ 32.070) equivalente a ... Jus y ... Jus respectivamente, cf. arts. 6; 9 y cc. de la Ley G 2212. Notifíquese a la Caja Forense y cúmplase con los aportes previstos en la Ley D 869. Tercero: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese. Constancia: Que no suscribe la presente la señora Jueza doctora Adriana C. Zaratiegui por encontrarse en uso de licencia por Compensación de Feria, no obstante haber participado del acuerdo (art. 39 L.O.). Firmantes: BAROTTO en disidencia - PICCININI -MANSILLA - APCARIÁN ANTE MI: EZEQUIEL LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PROTOCOLIZACION: T° II Se. N° 112 F° 405/415 Sec. N° 4

 




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