PARTE/S:

José Basso SA c/ARBA s/pretensión declarativa de certeza –

otros juicios

TRIBUNAL:

Juzg. Cont. Adm. Mar del Plata - Nº 2

FECHA:

01/02/2018

JURISDICCIÓN

Provincia de Buenos Aires

 

Mar del Plata, 1 de Febrero de 2018.

VISTOS estos AUTOS caratulados “José Basso S.A. c/ ARBA s/ Pretensión Declarativa de Certeza” (V-18258), en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Mar del Plata, traídos a este público despacho a fin de ser dictada sentencia definitiva, y de los cuales,

RESULTA:

I. 1. Que, a fs. 50/68 (el día 3-VI-2016), se presentó la firma José Basso S.A. (CUIT 30-58012899-4) por intermedio de su representante legal y con el debido patrocinio letrado e interpuso pretensión declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc. 4º del CPCA contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que el suscripto dilucide -lo que a su entender configura- el estado de incertidumbre en el que se encuentra inmersa, respecto del alcance y modalidad de la relación jurídica que la vincula con la Agencia de Recaudación provincial en relación al impuesto sobre los ingresos brutos.

2. Refirió la existencia de un “cuantioso” número de regímenes de retención y percepción, cuya actuación simultánea con el aumento de alícuotas en el impuesto referido ocasionarían en los contribuyentes el pago de importes superiores a los anticipos que corresponden a cada período.

Describió las distintas normas de la Resol. Norm. 64/10 que rigen la cuestión y las vinculó a la situación particular de la actora, concluyendo la imposibilidad de obtener la reducción total de alícuotas, a lo que adicionó la evolución del saldo a favor en el tributo de marras, durante los meses de abril de 2015 a abril de 2016.

Calificó de irrazonable la circunstancia de que su saldo en el impuesto aumente mes a mes y, no obstante, no se encuentre en condiciones de ser excluida de los regímenes de recaudación.

3. Trajo a colación la doctrina fijada por la Alzada departamental en la causa C-2354-MP2 “Iogha” y la entendió aplicable a la especie.

4. Adjuntó prueba documental y ofreció informativa y pericial y requirió el dictado de una medida cautelar.

II. 1. Que, a fs. 70, se declaró la competencia del suscripto y, previo a resolver la cautelar pedida, se pidió un informe a ARBA.

2. A fs. 78/83 obra agregado un informe expedido por ARBA, relativo a la situación tributaria por la que atravesara la actora en consonancia con el régimen cuya aplicación ha generado la presente litis.

3. A fs. 104/105 (el 11-VII-2016) y su aclaratoria de fs. 107 (15-VII-2016) se dispuso cautelarmente la exclusión de la actora de los regímenes de retención, por el término de un año. A fs. 131/134 la parte actora apeló esa decisión, que motivó la formación del respectivo incidente del art. 250 del CPCC (actualmente agregado a fs. 349/430), donde la Alzada revocó el pronunciamiento cautelar y denegó la misma (v. fs. 422/426, que tramitara en C-7238-MP2).

III. 1. Que a fs. 142/147 la representante de la parte demandada contestó demanda.

Luego de efectuar un breve resumen acerca de su interpretación del objeto de la presente acción (según fue descripto por la firma actora), destacó que el pretendido estado de incertidumbre no existe y que, por ello, la demanda es inatendible.

2. Describió los mecanismos previstos en la Resol. Norm. 64/10 y sostuvo su razonabilidad. Aportó como prueba el expediente administrativo 2360-0034792/2013 y destacó el inadecuado tratamiento “alicuotario” (sic, fs. 146) que habría aplicado la contribuyente, generando la determinación de diferencias por períodos fiscalizados, situaciones éstas que surgirían de las referidas actuaciones administrativas.

Sostuvo la razonabilidad del régimen, incluyendo en el mismo un piso para obtener la reducción o atenuación de alícuotas.

3. Ofreció como prueba las actuaciones administrativas ya incorporadas (como informe previo a la cautelar y el referido en el párrafo anterior). Planteó cuestión constitucional.

IV. Que a fs. 344 se celebró la audiencia prevista en el art. 41 del CPCA, donde la actora desistió de la prueba informativa y pericial, motivo por el cual se declaró la cuestión como de puro de derecho y para resolver con las constancias de autos. A fs. 348 se llamó autos para sentencia, aunque ello fue dejado sin efecto, a fs. 431, para permitir a las partes incorporar sus alegatos.

Los alegatos fueron presentados a fs. 434 (demandada) y 435/437 (actora) y a fs. 438 se llamó autos para sentencia, que se encuentra firme a tenor de la cédula electrónica librada a fs. 438.

Y CONSIDERANDO:

I. 1. Que resulta un punto de partida inexorable determinar si existe o no un estado de incertidumbre, en la relación jurídica tributaria existente entre las partes y en torno al impuesto sobre los ingresos brutos y generado por la aplicación de múltiples regímenes (generales o especiales) de recaudación y la normativa reglamentaria (Resol. Norm. 64/10) establecida para ser excluido de los mismos.

La contestación de demanda postula que, como la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica aparece claramente delimitada, no existe incertidumbre alguna. Entiendo que tal postura desenfoca notablemente la pretensión.

En efecto, lo que la demanda afirma es que el régimen establecido por la Resol. Norm. 64/10 es irrazonable y en tal sentido, reñido con la Constitución Nacional, norma que ha de tener aplicación preferente frente al reglamento (art. 31, C.N.). Precisamente la aplicación o no de ese reglamento, que la actora postula la impide siquiera acceder al mecanismo de reducción de alícuotas es la piedra de toque del conflicto y núcleo de la incertidumbre, cuyo debate en esta causa es plenamente posible y permitirá que avance sobre el particular.

2. Dejo sentado que tengo claro que la actora no cuestiona, en sí, la facultad de la Administración de instituir regímenes de retención o percepción en materia de impuestos en general o del impuesto sobre los ingresos brutos en particular.

En tal sentido y toda vez que en una secuencia temporal, las retenciones o las percepciones se producirán obviamente antes de la determinación del impuesto, podría acontecer, como un fenómeno individual, que durante un determinado período aquellas superaran a éste; sobre este aspecto, la demanda no vierte críticas.

Por el contrario, ellas se dirigen a la conjunción dañosa de dos factores. Por un lado, un sistema en que el fenómeno anterior (la mayor entidad de las retenciones o percepciones frente al impuesto determinado) se transforma en la regla y, por otro, un mecanismo reglamentario que impide que esa situación se detenga o se revierta. Esta situación, fruto de la incidencia concurrente de las situaciones descriptas es la que reputa contraria a la Constitución Nacional, por afectar su derecho de propiedad (art. 17, C.N.), mediante una regulación normativa que se encuentra reñida con la razonabilidad y, por ello, también en pugna con la Carta Magna (arts. 28 y 33).

Lo dicho impone acotar el cuestionamiento o conflicto con la normativa constitucional a aquellas normas reglamentarias que generen el fenómeno descripto y no todo el reglamento, donde la mayoría de sus disposiciones no se muestran contrarias al texto constitucional o, por lo menos, no se han aportado razones en tal sentido.

3. En segundo lugar, destaco también que desde el mismo inicio del proceso, la actora aduce que su situación es exactamente igual a aquella que generara el precedente “Iogha” emitido por la Alzada; la demandada ha guardado silencio sobre el punto.

Sin perjuicio que el análisis que más adelante formularé, habré de acompañar el punto pretendido por la actora, cuestión que enmarcará el presente en la doctrina mencionada (conf. CCAMP, C-2354-MP2, “Iogha”, sent. del 25-VI-2013; C-2240-MP2, Mengio SRL, sent. del 19-IV-2016; C-5089-MP1 Marcone, sent. del 18-VIII-2016; C-6932-MP2, Rocma SRL, sent. del 06-XII-2016; C-7487-MP2 Hugo Ferrante SRL, sent. del 31-X-2017 y C-1648-MP2, Basso Independencia SA, sent. del 2-XI-2017).

II. 1. Que sentado lo anterior recuerdo que en la especie, la actora promovió la presente acción refiriendo dos concretas situaciones, relativas a la evolución del saldo a su favor en el impuesto referido y la imposibilidad de siquiera transitar el mecanismo informático establecido por la demandada.

2. En relación al primero, incorporó un cuadro (v. fs. 56vta.), del que surge que para el mes de mayo de 2015 su saldo a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos ascendía a $ 37.298,90; ese saldo fue creciendo mes a mes, para ubicarse en abril de 2016 en la suma de $ 427.989,65. Esta circunstancia no fue negada por la demandada y, para más, se encuentra sustentada en la certificación contable de fs. 30.

3. En relación al segundo se acompañó con la demanda la impresión de fs. 32, que se aduce proviene de la aplicación diseñada por ARBA y en la que consta la leyenda “CUIT sin preeminencia de deducciones por regímenes de retención y/o percepción”.

La demanda sostiene que ni bien ingresó a la aplicación el sistema le informó lo anterior, impidiéndole continuar el trámite. La contestación de demanda guardo silencio sobre el punto.

4. La genérica negativa de documental efectuada por la demandada a fs. 147 lejos está de resultar suficiente para desbaratar las circunstancias fácticas que anteceden, cuando el propio informe del ARBA establece que, según la declaración jurada 2016/05 el saldo a favor del contribuyente asciende a la suma de $ 455.460,56 (v. fs. 80). A la par, ese mismo informe aporta que la actora se encuentra incluida en el padrón de retenciones sobre acreditaciones bancarias con una alícuota de 0,20%, en el régimen general de percepción con una del 5% y en el general de retención, con una del 2,5% (v. fs. 79vta./80).

Cierto es que el informe plantea interrogantes en torno a la debida alícuota que debe ser aplicada a la actividad de la actora, sobre cuyo particular se encuentra en trámite un procedimiento determinativo y sumarial, iniciado por la Disp. Deleg. SEFSC 5045 del 7-X-2015 (v. fs. 279/284 y audiencia de fs. 344), pero ello no quita que el saldo a favor sea el expresado, que el mismo haya evolucionado como lo ha sido ni que el sistema haya informado la imposibilidad de continuar su trámite, como denuncia la demanda. Todas esas circunstancias han sido debidamente acreditadas.

III. 1. Que puestas así las cosas, he de abordar en primer lugar la permanencia y actualidad del estado de incertidumbre.

Es que: “...los jueces están obligados a fallar de conformidad con la realidad jurídica comprobable al momento de emitir su pronunciamiento en la causa (cfr. C.S.J.N. Fallos 311:870; 314:568; 318:342; 329:5913) en pos de resguardar los principios de economía procesal y eficacia de la función jurisdiccional (cfr. doctrina C.S.J.N. in re L.867 XL “Lanusse”, sentencia del 17-VII-2007; art. 163 inc. 7 del C.P.C.C.)...” (conf. doc. CCAMP, P-400-DO1, “Fernández”, sent. del 2-IX-2008). Esta regla general tiene una particular aplicació n al sub lite, donde se pretende me expida sobre una situación esencialmente variable como es el “balance” tributario de la actora, situación que mes a mes se renueva y puede mutar en forma absoluta.

En la especie, cuanto menos, ello conecta con la existencia y permanencia de un saldo a favor de la actora en relación a sus posiciones mensuales frente al pago del impuesto sobre los ingresos brutos.

Tomando como punto de partida el ya citado informe contable, cuya precisión no ha sido cuestionada y a pesar del tiempo trascurrido desde su elaboración, advierto que ninguna prueba se ha aportado que permita siquiera presumir que tal estado de cosas se ha modificado, incorporando a la causa un hecho ulterior que hubiere modificado estructuralmente uno de los componentes de la Litis (art. 163, , inc. 6º, CPCC), generando -quizás- una declaración de abstracción por desaparición de la incertidumbre y, por ende, de un caso justiciable.

Es por ello que he de dar por cierta y actual la circunstancia referida, aún cuando no pueda precisar un monto exacto, pero que sí responde a las características de saldo a favor del contribuyente y por un monto relevante.

2. Poca incidencia tiene en autos la existencia del procedimiento determinativo, el cual, una vez firme, podría compensar el crédito de la actora si arroja la existencia de deuda. No habiendo sido incorporada esa circunstancia al proceso, su existencia y medida es puramente conjetural y mantiene inalterado el estado de incertidumbre que debe ser resuelto.

IV. 1. Que sentado lo anterior, puedo extraer algunas conclusiones del régimen estatuido por la Resol. Norm. 64/10, que resultan de utilidad para el presente.

En primer lugar, que el sistema prevé tres situaciones distintas pero que tienen pretensión de abarcar todos los posibles posicionamientos del contribuyente. Se establecen mecanismos para quienes: (i) cumplan las condiciones del art. 4º (art. 1º, inc. “a”); (ii) no cumplan esas condiciones pero las retenciones o percepciones provengan principalmente de regímenes generales (art. 12) y (iii) sujetos que, aún sin generar saldos a favor, ac rediten alguna de los 15 supuestos previstos en el art. 18, para ser excluidos.

Ello conduce a actualizar el pedido de tratamiento de la cuestión constitucional, pues inmediatamente surge, como primer punto de abordaje, la razonabilidad de la previsión normativa, pues ello es el punto central que permitirá dilucidar la pretensión anulatoria impetrada, en primer lugar, para luego abordar sus consecuentes pretensiones de reconocimiento de derechos.

2. La cuestión se alinea, así, con la ya citada doctrina desplegada en el fallo “Iogha” y sus sucesores, ya citados, Allí se comenzó por conceptualizar a la razonabilidad como un principio general de derecho que, apontocado en los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional, imponen un límite al poder reglamentario de derechos individuales, que adiciona a los tradicionales requisitos de toda actividad estatal, la existencias de circunstancias justificantes, demandando coherencia en el sistema.

Tras ello, repudió la conducta administrativa que, constatada la existencia de un persistente saldo a favor del contribuyente, continuó sometiendo al mismo a los regímenes recaudatorios. Rememoro que en aquella causa se trataba de un contribuyente que pretendía la reducción total de alícuotas.

Aquí no sólo se encuentra acreditada la circunstancia antedicha -de la persistencia y tendencia creciente del saldo a favor- sino que, en adición, la Administración ni siquiera ha permitido el tratamiento de la cuestión. La irrazonabilidad de lo actuado por la Administración se exhibe, así, en modo palmario y finca en una decisión automática, emitida por el sistema, que ni siquiera permite al contribuyente formular su pedido, pues lo aborta en el inicio mismo, sin posibilidad de seguir el trámite hasta el acto final, recursos administrativos mediante si fueren menester.

Se plasman los dos supuestos reprochados por la Alzada, como son el de deformar la finalidad de la recaudación anticipada, excediendo el tributo que corresponde percibir a la Administración y por otro lado, negando el postulado esencial que tiene como razón de ser el sistema de exclusión de los sistemas recaudatorios, que porta la Resol. Norm. 64/10. Lo anterior se produce por el juego conjunto de los arts. 1º, 4º 12 y 13 de ese reglamento, que se presentan, entonces, como contrarios a los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a ello, es menester, también, declarar la existencia del derecho a la firma actora a ser excluida -a la luz de los saldos a favor que estimo aún existen al día de la fecha- de los alcances de todo sistema de retención o percepción de dicho impuesto.

V. Que en relación al resultado arribado, entiendo que las costas deben ser soportadas por la demandada, atento a su condición de vencida, toda vez que ha prosperado la interpretación que para dirimir el conflicto propugnaba la actora (art. 51, CPCA).

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

1º) Hacer lugar a la demanda impetrada, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 1°, 4º, 12 y 13 de la Resolución Normativa 64/2010 y declarar el derecho a la firma José Basso SA (CUIT 30-58012899-4) a ser excluida de todo régimen de recaudación, en tanto se mantenga el saldo a su favor en el impuesto sobre los ingresos brutos.

2°) Imponer las costas del presente juicio al ARBA, a tenor de su condición de vencida (conf. art. 51, inc. 1°, del CPCA).

3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, ley 14.967).

REGISTRESE. NOTIFÍQUESE; líbrese cédula por Secretaría dentro del plazo de ley (conf. arts. 483, del CPCC; art. 77, del CPCA).

 

MARCELO DANIEL FERNANDEZ

JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO




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